Más de 130 civiles fueron asesinados por las fuerzas de seguridad de Venezuela entre el 2014 y el 2017. Foto capturada de pantalla YouTube

Ottawa (CBNnoticias) – El Gobierno de Canadá recibió con beneplácito la publicación del informe sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, el cual fue presentado hoy martes en Washington por un Panel de Expertos Internacionales Independientes, designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

La ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland dijo que, «Canadá celebra la publicación del informe sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela y agradece a los panelistas por su diligente trabajo”.

Asimismo, señaló que el informe proporcionará información valiosa para apoyar el examen preliminar de la situación en Venezuela, abierto por el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional [CPI] a principios de este año.

«Estamos consternados, aunque no sorprendidos, por la evidencia que el panel encontró apoyando la acusación de que se han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela”, manifestó la funcionaria, al asegurar que Canadá es un firme defensor de la lucha contra la impunidad por crímenes internacionales graves y del papel de la CPI en llevar a los perpetradores ante la justicia.

Canadá ha emprendido una serie de acciones punitivas, que incluyen la imposición de sanciones selectivas a funcionarios del gobierno venezolano, debido al abuso continuo de las personas y los ataques a la democracia por parte del régimen de Maduro.

Que encontró el informe

En su informe y resumen ejecutivo presentado hoy, un panel de expertos internacionales independientes designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014.

El panel de expertos – Santiago Cantón (Argentina), Irwin Cotler (Canadá), y Manuel Ventura Robles (Costa Rica), – recomendaron que:

 

  • El Secretario General de la OEA remita este Informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General de la OEA a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
  • El Secretario General invite a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en este Informe, de conformidad con lo que establece el Artículo 14 del Estatuto de Roma.

El informe, de 400 páginas, apoyado por otras 400 páginas de anexos, se divide en dos partes.

La Parte I, redactada por la Secretaría General de la OEA, incluye material de testigos que comparecieron durante las audiencias públicas organizadas en septiembre, octubre y noviembre de 2017, así como material recopilado de partes interesadas, la sociedad civil venezolana y organizaciones intergubernamentales.

La Parte II del Informe fue redactada por el Panel de Expertos Internacionales Independientes, y en ella se presenta una evaluación jurídica de la información recopilada, un examen de la jurisprudencia y los precedentes internacionales pertinentes, así como sus conclusiones y recomendaciones.

El informe incluye:

  • 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la Secretaría General.
  • Docenas de testimonios de víctimas, familiares de víctimas y otras partes interesadas entregadas a la Secretaría General, a lo largo del proceso.
  • Documentos escritos entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.

Entre otras conclusiones, el informe:

  • Identifica 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos.
  • Identifica 8 292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015.
  • Identifica más de 12 000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013
  • Identifica más de 1 300 presos políticos: personas que han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno.
  • Identifica un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela.

La OEA aclaró que, ni el Panel ni la Secretaría General de la OEA han tenido la posibilidad de realizar misiones sobre el terreno en el territorio en cuestión para consultar con las autoridades nacionales, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil u otras partes interesadas.

Con información de la OEA

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