Ottawa (CBNnoticias). El Gobierno de Canadá ha anunciado una de las reformas más significativas del Código Penal en décadas, con el objetivo de fortalecer la protección de las víctimas de violencia y garantizar la seguridad de los menores frente a los depredadores sexuales.
El ministro de Justicia y fiscal General, Sean Fraser, presentó la nueva Ley de Protección de Víctimas, que introduce medidas contundentes contra la violencia sexual, de género y de pareja, así como nuevas herramientas para combatir la explotación infantil y la delincuencia organizada.
Entre las principales novedades de la reforma, los asesinatos motivados por odio, especialmente el feminicidio, serán considerados de primer grado, incluso sin planificación previa. El año pasado, los homicidios cometidos por parejas aumentaron un 39 %, siendo el 81 % de las víctimas mujeres.
La legislación crea un nuevo delito que permite intervenir judicialmente ante patrones de comportamiento controlador o coercitivo en la pareja, antes de que la violencia física se produzca.
Se prohíbe la distribución de imágenes sexuales creadas o alteradas conocidas como deepfakes sexuales no consentidas, se endurecen las penas por difusión de imágenes íntimas sin permiso y se agravan las condenas por agresión sexual.
Además, se restablecen y amplían las penas mínimas obligatorias de prisión para delitos sexuales contra menores, anuladas previamente por los tribunales, asegurando que los culpables enfrenten condenas severas.
La reforma también criminaliza la amenaza de distribuir material de abuso infantil y la manipulación sexual de menores en línea, ampliando el plazo de prescripción de estos delitos y obligando a las plataformas digitales a conservar datos durante un año.
Se introduce un nuevo delito para castigar el reclutamiento de menores en actividades delictivas, endureciendo las sanciones para quienes inciten a jóvenes a cometer delitos graves.
La nueva legislación busca reducir el trauma de las víctimas durante los procesos judiciales, agilizar los casos y mejorar el acceso a información y ayudas testificales. Además, se refuerzan las penas mínimas obligatorias, permitiendo la discreción judicial solo en casos excepcionales, excepto para delitos como asesinato y alta traición.