Surrey, Columbia Británica. (CBNnoticias). – La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) ha confirmado que 15 extranjeros que son investigados por extorsión en Columbia Británica han solicitado refugio en el país, generando alarma e indignación entre la dirigencia política y los habitantes de esta provincia.
Aunque la CBSA no ha revelado las nacionalidades ni detalles específicos sobre las solicitudes, la noticia ha causado gran preocupación en la ciudad de Surrey, Columbia Británica, donde la alcaldesa Brenda Locke se ha mostrado “horrorizada” ante la posibilidad de que los sospechosos utilicen el sistema de refugio canadiense para evitar la deportación.
Locke ha destacado que los intentos de extorsión han afectado de manera desproporcionada a Surrey, con 106 casos reportados en lo que va del año, según el servicio de policía local. “Los residentes merecen algo mejor que ver los sistemas legales y de inmigración de Canadá abusados por criminales para extender su estadía”, afirmó la alcaldesa, exigiendo reformas inmediatas en las leyes de inmigración y deportación para proteger a comunidades vulnerables.
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Sobre este caso, la CBSA subraya que Canadá tiene obligaciones legales internacionales respecto al asilo, y que la ley permite que quienes solicitan el estatus de refugiado tengan derecho a una audiencia si son elegibles. Sin embargo, la Agencia aclara que las personas consideradas inadmisibles por “criminalidad grave” o “criminalidad organizada” no podrán acceder a este proceso y serán ordenadas a abandonar el país.
Esta noticia también generó rechazo y preocupación por parte del crítico de seguridad pública del Partido Conservador de Columbia Britanica, Macklin McCall quien calificó la situación de “profundamente alarmante”.
McCall dijo que “delincuentes extranjeros violentos” no deberían tener el derecho de aprovecharse de la protección de refugiados para retrasar juicios y evitar deportaciones. Además, advierte que las lagunas legales en el sistema de inmigración han sido explotadas durante demasiado tiempo, poniendo en riesgo la seguridad de los canadienses.
El dirigente político exigió respuestas claras sobre el destino de los sospechosos tras su arresto: “¿Se les retiene en instalaciones seguras o se les permite circular libremente mientras solicitan asilo? ¿La solicitud retrasa las investigaciones penales o influye en las deportaciones?” Estas preguntas reflejan la preocupación creciente sobre la transparencia y eficacia de las autoridades en la gestión de casos que involucran delitos graves y solicitudes de refugio.
La polémica pone en el centro del debate la necesidad de equilibrar las obligaciones humanitarias de Canadá con la protección de la seguridad pública, en un contexto donde el sistema de refugio y las leyes migratorias enfrentan crecientes desafíos.