Ottawa (CBNnoticias) – El Gobierno de Canadá anunció una profunda reforma al Programa de Trabajadores Temporales Extranjeros (TFW) con el objetivo de responder con precisión a las necesidades urgentes del mercado laboral.
La iniciativa, liderada por la ministra de Empleo y Familias, Patty Hajdu, busca equilibrar el crecimiento de los negocios locales con la garantía de que los ciudadanos canadienses tengan siempre la prioridad para ocupar las vacantes disponibles.
Aunque estos trabajadores representan solo el 1% de la fuerza laboral del país, el programa se ha vuelto indispensable para resolver la escasez de personal en áreas críticas.
Con este plan, el gobierno busca restaurar la previsibilidad para las empresas y agilizar los procesos administrativos de contratación.
Para lograrlo, las autoridades canadienses diseñaron seis cambios estructurales clave que transformarán las operaciones de las empresas bajo el flujo de bajos salarios:
- Duración extendida de los permisos: las solicitudes de Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (LMIA) aprobadas bajo esta reforma tendrán una validez máxima de hasta dos años, duplicando el límite de un año que se aplicaba anteriormente.
- Excepción para educadores infantiles: los educadores de la primera infancia se integran oficialmente a la lista de sectores prioritarios exentos de las restricciones de contratación en zonas de alto desempleo, uniéndose a la salud, la construcción y el procesamiento de alimentos.
- Bloqueo en zonas de alto desempleo: a partir de marzo de 2027, no se procesarán solicitudes de MLIA en Áreas Metropolitanas de Censo (CMA) donde el desempleo sea del 6% o superior, protegiendo el mercado local con la única excepción de los sectores prioritarios.
- Acceso regulado en grandes ciudades: en ciudades con poblaciones mayores a 250,000 habitantes y desempleo menor al 6%, las empresas tendrán un acceso estrictamente limitado y enfocado en las ocupaciones validadas por el Sistema de Proyección de Ocupaciones de Canadá (COPS) o designadas por las provincias.
- Regulación en áreas rurales y ciudades medianas: en comunidades rurales pertenecientes a grandes urbes y en ciudades de entre 100,000 y 250,000 habitantes, la contratación también se restringirá a los listados de COPS, dándole el poder a los gobiernos provinciales de eliminar puestos según su realidad económica.
- Aumento del límite de personal extranjero: las provincias que decidan participar activamente podrán autorizar a las empresas elegibles elevar su porcentaje de trabajadores extranjeros del 10% actual hasta un nuevo límite máximo del 15% de su plantilla.
Para respaldar la implementación de este nuevo ecosistema y mejorar los tiempos de respuesta del servicio de atención, el Gobierno de Canadá asignará un presupuesto de 151.5 millones de dólares distribuidos en los próximos cinco años.
El plan busca que las modificaciones se apliquen de manera progresiva y coordinada junto con los gobiernos provinciales y territoriales, garantizando que el flujo migratorio se mantenga en niveles sostenibles y ordenados.
Además, se ofrecerán espacios adicionales en el Programa de Nominados Provinciales para facilitar que los trabajadores que ya están establecidos en el país puedan acceder a vías claras hacia la residencia permanente.
Finalmente, las reformas vienen acompañadas de un sólido componente de protección social, destinando 82 millones de dólares por cuatro años al Programa de Apoyo a los Trabajadores Migrantes.
Este fondo se utilizará para que los empleados extranjeros conozcan detalladamente sus derechos y los mecanismos legales para ejercerlos durante su estancia en Canadá.
De forma paralela, el sistema endurecerá su régimen de cumplimiento normativo y auditorías a los negocios.
Las empresas que no respeten los lineamientos del programa o abusen del sistema se enfrentarán a penalizaciones severas que incluyen multas de hasta 1 millón de dólares anuales y el veto temporal o definitivo de la plataforma.
