Ottawa(CBNnoticias) -Con la aprobación en segundo debate en el Senado, ayer martes 17 de junio, el proyecto de ley de Fortalecimiento a la Ley de Ciudadanía o Bill C-24, que clasificará a los canadienses como ciudadanos de primera y segunda clase, queda a un solo paso de convertirse en ley de Canadá.
Este acto legislativo que busca combatir los delitos relacionados con la obtención de la ciudadanía canadiense, tales como el fraude y la falsedad, ha sido sometido a un maratónico estudio en el Parlamento de Canadá, sin que los opositores a este hayan logrado detener su marcha o tan siquiera introducir un cambio al mismo.
Fue así como en solo dos días esta iniciativa que sancionará con $100.000 dólares o 5 años de prisión a quien sea encontrado culpable del delito de fraude, fue aprobada en primero y segundo debate en el Senado.
El Comité de Asuntos Sociales, Ciencia y Tecnología recomendó al Ministerio de Ciudadanía e Inmigración, considerar la creación de un procedimiento de reducción o exención de tarifas para los residentes permanentes de bajos ingresos que apliquen por la ciudadanía canadiense.
Esta fue la única consideración incluida en el reporte que el Comité envió hoy miércoles al Senado, después de someter a análisis este acto legislativo.
Ahora solo resta que el Senado apruebe el proyecto de ley en el tercero y último debate para que pase a sanción real por parte del gobernador General de Canadá y se convierta en ley. Esto deberá ocurrir antes del 1o de julio, cuando se celebra el Día de Canadá, fecha en la que el Gobierno espera estrenar esta nueva legislación.
Ley sería demandada
Por su parte, Amnistía Internacional Canadá, La Asociación Canadiense de Abogados para la Defensa de los Refugiados y la Asociación de Libertades Civiles de la Columbia Británica están planeando demandar esta ley cuando se haga efectiva, por considerar que esta iniciativa viola los derechos de los canadienses.
La Asociación Canadiense de Abogados para la Defensa de los Refugiados al igual que el Colegio de Abogados de Canadá han señalado que este proyecto de ley es inconstitucional.
Para Amnistía Internacional, las nuevas disposiciones de revocación de ciudadanía propuestas por el Gobierno son divisivas y promueven la xenofobia al clasificar a los canadienses entre canadienses reales y canadienses de segunda categoría.
Estas tres organizaciones defensoras de derechos humanos han programado una conferencia de prensa para este jueves 19 de junio con el propósito de anunciar su intención de presentar una demanda legal en contra de esta ley cuando sea ley real.