Ottawa (CBNnoticias) – El Gobierno de Canadá presentó el proyecto de Ley de Reforma de la Fianza y las Sentencias, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad pública con medidas más estrictas contra delincuentes violentos y reincidentes.
El ministro de Justicia y fiscal general de Canadá, Sean Fraser, presentó hoy la legislación, que incluye más de 80 enmiendas al Código Penal del país.
La reforma, resultado de amplias consultas, busca responder a las preocupaciones sobre la seguridad comunitaria y fortalecer el sistema de justicia penal. Según Fraser, «un Canadá fuerte implica una protección sólida para nuestras comunidades y un Código Penal que responda a las amenazas emergentes».
Uno de los cambios más significativos es el endurecimiento de la libertad bajo fianza, especialmente para aquellos acusados de delitos violentos o que reinciden. La ley establece nuevas cargas de prueba inversas en ciertos casos, lo que significa que el acusado tendría que demostrar por qué debería ser liberado en lugar de que el tribunal demuestre por qué debe ser detenido.
La policía tendrá la facultad de no liberar a un acusado si esto es contrario al interés público o si la detención es necesaria para proteger a víctimas o testigos.
Los tribunales deberán considerar factores específicos, como si los cargos implican violencia aleatoria o no provocada y si el acusado tiene cargos pendientes. También se impondrán condiciones más estrictas, como la prohibición de armas.
En los casos de carga de la prueba invertida, los acusados deberán presentar un plan de fianza que los tribunales consideren fiable y creíble para poder obtener la libertad.
La legislación también endurecerá las penas para una serie de delitos violentos y reincidentes.
Se exigirán condenas consecutivas para delitos como el robo violento de vehículos, allanamiento de morada y extorsión, lo que significa que los culpables deberán cumplir una condena tras otra en lugar de simultáneamente.
Se aplicarán nuevos factores agravantes para delitos contra personal de primera respuesta, hurto en comercios y daño a infraestructuras esenciales.
Se eliminará el arresto domiciliario para ciertas agresiones y delitos sexuales contra menores. También se restablecerá la prohibición de conducir por negligencia criminal.
El gobierno federal enfatizó que la efectividad de las reformas dependerá de la colaboración de las provincias y territorios en la correcta administración de la justicia, incluyendo la policía, la fiscalía y los tribunales.
En los próximos meses, el gobierno planea presentar nuevas propuestas para abordar las demoras judiciales, fortalecer los derechos de las víctimas y proteger a los niños y a las personas que enfrentan violencia sexual o de pareja.