El Proyecto de Ley C-2 fue presentado el martes por el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree. Foto capturada de pantalla
Ottawa (CBNnoticias) – Amnistía Internacional Canadá rechazó tajantemente el Proyecto de Ley C-2 o proyecto de ley fronterizo de Canadá, presentado por el Gobierno federal ante el Parlamento, el martes de esta semana, por considerar que esta iniciativa es un ataque directo al derecho humano que tienen los refugiados de solicitar asilo.
La organización no gubernamental, señala que, de aprobarse esta legislación, prácticamente se imposibilitaría que la Junta de Inmigración y Refugiados pueda revisar las solicitudes de refugio de la mayoría de los extranjeros que ingresar a Canadá, a través de Estados Unidos.
Además, impediría que quienes hayan permanecido en Canadá durante más de un año soliciten la condición de refugiado. Como resultado, Canadá podría denegar injustamente la protección de refugiados a quienes enfrentan persecución, tortura o situaciones peores en sus países de origen.
“Solicitar asilo es un derecho humano”, declaró Ketty Nivyabandi, secretaria general de la sección anglófona de Amnistía Internacional Canadá. “Con el Proyecto de Ley C-2, el Gobierno canadiense amenaza con socavar ese derecho, dificultando que quienes buscan seguridad y libertad presenten una solicitud de asilo y la evalúen de manera justa. Este ataque al derecho a solicitar asilo socavará gravemente la posición internacional de Canadá en materia de protección de los derechos humanos”.
Esta iniciativa legislativa fue presentada el martes por el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, y en esta, se proponen cambios radicales a las normas vigentes en materia de seguridad fronteriza, inmigración, aduanas y el código penal.
Amnistía Internacional Canadá, indicó que, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, está examinando la legislación con mayor profundidad para evaluar su impacto en los derechos humanos y si se ajusta a la Constitución canadiense y a las obligaciones de Canadá en virtud del derecho internacional.
Asimismo, manifestó que, lo que si está claro es que esta legislación y el mensaje del Gobierno de Mark Carney, están alineados con el feroz ataque de la administración Trump a los derechos de los inmigrantes y refugiados de presentarlos como algo negativo para la sociedad.
“Intencionalmente o no, el Proyecto de Ley C-2 equipara a las personas que escapan de la persecución y la violencia con graves problemas de seguridad pública, como el tráfico de fentanilo o armas ilegales”, declaró France-Isabelle Langlois, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Canadá Francófona. “Estigmatizar a las personas refugiadas y vincularlas con problemas de seguridad pública que no han provocado es cruel, irresponsable y aumenta su riesgo de sufrir violencia, acoso y discriminación en su vida cotidiana”.
Además, la legislación otorgaría a los funcionarios canadienses mayor poder discrecional, lo cual atentaría contra los derechos y el bienestar de las personas. Por ejemplo, el Proyecto de Ley C-2 propone otorgar al gabinete la facultad de cancelar visas de residencia permanente, permisos de estudio y trabajo, visas de residencia temporal y otros documentos de estatus migratorio que existan, si el Gobierno considera que hacerlo es de interés público.
“Las personas merecen justicia y el debido proceso en las decisiones sobre su futuro en Canadá”, afirmó Nivyabandi. “Sus vidas, decisiones y, de hecho, sus derechos no deben depender de los caprichos del gobierno o ministro que esté en el poder en un año o el siguiente”.