Ottawa (CBNnoticias) – Tras la aprobación en el Senado el pasado 12 de marzo, el proyecto de Ley C-12 avanza hacia su ratificación final en la Cámara de los Comunes. Esta reforma, calificada como la más profunda en años, otorgará al Gobierno poderes sin precedentes para suspender permisos y endurecerá drásticamente el acceso al sistema de asilo.
Un nuevo paradigma de control ejecutivo
El núcleo de la reforma, denominada «Ley sobre la seguridad de las fronteras y la integridad del sistema de inmigración», otorga poderes sin precedentes al gobernador general de Canadá. Una vez que la ley entre en vigor, el Ejecutivo tendrá la autoridad legal para:
- Intervenir documentos vigentes: Cancelar, suspender o variar permisos de trabajo, de estudio y visas de residencia permanente ya emitidas.
- Frenar procesos: Cesar o terminar el procesamiento de solicitudes de inmigración en curso bajo criterios de «interés público», que incluyen seguridad nacional, salud pública o errores administrativos.
Como medida de control, el ministro de Inmigración tendrá la obligación de comparecer ante el Parlamento para justificar cualquier orden de este tipo y detallar a cuántas personas afecta.
Restricciones al asilo y efectos retroactivos
La situación actual para los solicitantes de refugio también cambia drásticamente. El Bill C-12 introduce dos nuevas causales de inelegibilidad ante la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB) que se aplicarán de forma retroactiva al 3 de junio de 2025:
- Plazos estrictos: Quedarán excluidos quienes presenten su solicitud más de un año después de haber ingresado a Canadá (para entradas posteriores al 24 de junio de 2020).
- Cruces irregulares: Se bloquea el acceso al sistema de asilo a quienes crucen la frontera con EE. UU. fuera de los puntos de entrada oficiales.
Aquellos afectados por estas nuevas reglas solo podrán recurrir a una Evaluación de Riesgos Antes de la Expulsión (PRRA), una medida que será monitoreada anualmente mediante informes al Parlamento.
Protección de datos y vigilancia parlamentaria
Un punto de alivio para la comunidad local llegó con la enmienda de la senadora Paulette Senior, adoptada días antes de la votación final. Gracias a esta modificación, las nuevas disposiciones que permiten compartir información personal con agencias extranjeras no afectarán a ciudadanos canadienses ni a residentes permanentes, limitándose únicamente a extranjeros con estatus temporal o sin estatus.
Además, el Senado ha garantizado que los efectos de esta ley sean revisados por un comité parlamentario transcurridos cinco años de su implementación, asegurando que los cambios no vulneren los derechos fundamentales a largo plazo.
Próximos pasos legislativos
Dado que el texto fue devuelto con enmiendas desde el Senado, la Cámara de los Comunes debe ahora ratificar estas modificaciones en una tercera lectura. Una vez que ambas cámaras coincidan en el texto final, el proyecto recibirá el Asentimiento Real, convirtiéndose formalmente en la ley de tierras de Canadá.