Ottawa (CBNnoticias) – Canadá anunció sanciones económicas a funcionarios del Gobierno de Nicaragua en respuesta a las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en esa nación centroamericana.
El anuncio fue hecho en la tarde de este viernes por la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, al señalar que dichas medidas se hacen en coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos.
Con aplicación inmediata, se ordena la congelación de activos y se prohíbe a ciudadanos canadienses dentro y fuera de Canadá, hacer cualquier tipo de negocio, incluyendo servicios financieros o relacionados con las personas que se relacionan a continuación:
- Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
- Sonia Castro González, ministra de Salud.
- Orlando José Castillo Castillo, director general del Instituto de Telecomunicaciones.
- Oscar Salvador Mojica Obregón, ministro de Transporte e Infraestructura.
- Rosario María Murillo Zambrana, esposa de Daniel Ortega y vicepresidente de Nicaragua.
- Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de la Alcaldía de Managua.
- Francisco Javier Díaz Madriz, comisionado de Policía de Nicaragua.
- Néstor Moncada Lau, secretario privado de Daniel Ortega.
- Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega.
Asimismo, estos funcionarios del Gobierno nicaragüense son inadmisibles en Canadá, en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados.
Estas sanciones contra miembros clave del Gobierno de Nicaragua se imponen aplicando la Ley de Medidas Económicas Especiales.
De esta manera, Canadá envía un claro mensaje al gobierno de Daniel Ortega de que no tolerarán las continuas violaciones de derechos humanos contra el pueblo nicaragüense.
Desde abril de 2018, el Gobierno de Nicaragua ha llevado a cabo una campaña sistemática de represión y violencia patrocinada por el Estado contra las protestas públicas y las actividades de los grupos de oposición.
“Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no pueden continuar con impunidad. El Gobierno de Nicaragua debe rendir cuentas por su acción y debe poner fin a la crisis actual a través del diálogo real con los grupos de oposición. Canadá continuará apoyando al pueblo de Nicaragua y sus legítimas demandas de democracia y responsabilidad”, dijo la ministra Freeland.
La conducta inaceptable del Gobierno de Nicaragua ha sido bien documentada por organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como organizaciones locales de derechos humanos.
A pesar de los avances en la liberación de presos políticos, Canadá sigue preocupado por los informes de violaciones de derechos humanos. Estos incluyen: violar el derecho a la vida, la seguridad, la libertad de expresión y la libre reunión.
También se tienen informes bien documentados sobre ejecuciones extrajudiciales, tortura y abuso de manifestantes. Hasta la fecha, los responsables de esta serie de acciones contra la población civil no han sido responsabilizados.
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