Bogotá (CBNnoticias) – La Cancillería colombiana envió una nota de protesta al Gobierno canadiense por la continua negación de visa a los ciudadanos colombianos, de manera particular a las personas vinculadas con las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
La misiva fue enviada el pasado 10 de junio por la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, a la recién posesionada embajadora de Canadá en Bogotá, Carmen Sylvain.
La queja, que no es la primera que es presentada por las autoridades colombianas, se dio ante el significativo número de casos denunciados por oficiales, suboficiales, policías y soldados que buscaron conseguir un permiso para ingresar a Canadá y les fue negado.
Según la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), existe gran malestar entre algunos miembros de esta organización por el trato injusto que han recibido por parte de la Embajada de Canadá en Bogotá, la cual ha rechazado todas las solicitudes presentadas, argumentando algún tipo de vínculo de estas personas con investigaciones o hechos violatorios de derechos humanos, sin que esto correspondan a la realidad.
“Sobre el particular, me permito hacer referencia a casos de miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares, quienes nos han manifestado su malestar debido a la negación de las visas solicitadas a las autoridades canadienses, a raíz de supuestas relaciones con casos en materia de derechos humanos y de los cuales, a la fecha, no existe ninguna condena”, precisó Holguín.
Asimismo, la canciller le pide al Gobierno canadiense que se dé una explicación del porqué la Embajada de este país norteamericano ha venido negando sistemáticamente las solicitudes de visa presentadas por los colombianos.
“Sería muy importante para el gobierno colombiano, contar con una explicación sobre las decisiones tomadas hacia estas personas en materia migratoria, teniendo en cuenta que en algunos casos la justicia colombiana no ha proferido sentencia y en otros, la providencia judicial ha resuelto la desvinculación de los funcionarios implicados en dichos procesos”.