Ottawa (CBNnoticias) – Varias organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente denunciaron el apoyo financiero del Gobierno canadiense al polémico y accidentado proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia.
Amnistía Internacional Canadá, Over Ground, el Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional y la Alianza de Servicio Público de Canadá, hicieron la denuncia pública aprovechando la visita a Ottawa de la portavoz de la coalición Movimientos Ríos Vivos, Isabel Zuleta, quien se reunió con el presidente y director ejecutivo de Export Development Canada (EDC por sus siglas en inglés) y funcionarios del Gobierno Trudeau.
Un informe de Above Ground muestra que Export Development Canada, otorgó un préstamo de $ 466 millones a las Empresas Públicas de Medellín -EPM para dicho proyecto hidroeléctrico, a pesar de las advertencias de corrupción en el proceso de licitación y del daño inminente a las comunidades aguas abajo.
Las dudas sobre el diseño de la represa se habían planteado años antes de que EDC aprobara el préstamo, y los expertos advirtieron sobre un desastre como el ocurrido el año pasado.
Dicha compañía ahora está bajo investigación criminal por presunta corrupción y daños ambientales relacionados con el desarrollo de la presa.
El daño causado por el proyecto en el segundo río más grande de Colombia ha puesto en riesgo la salud, la subsistencia y los medios de vida de decenas de miles de personas. Los líderes de la comunidad también advierten sobre las crecientes amenazas de seguridad que enfrentan las personas que se han pronunciado en contra del proyecto.
«Este megaproyecto no solo ha destruido los hogares, las formas de vida y las fuentes de alimentos de las familias, sino que se ha impuesto a través de la violencia y el desplazamiento forzado de la población, que son víctimas del conflicto armado», dijo Isabel Zuleta, portavoz de la coalición Movimientos Ríos Vivos.
«Amnistía Internacional advirtió en 2013 que los opositores a Hidroituango estaban siendo amenazados y atacados», dijo Kathy Price, activista colombiana en Amnistía Internacional Canadá. “Desde entonces, se han reportado más de 150 incidentes de seguridad, incluidos asesinatos brutales de personas que denunciaron los impactos ambientales y de derechos humanos del megaproyecto. Canadá ya no puede mirar hacia otro lado «.
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