Toronto (CBNnoticias) – La Asociación de Libertades Civiles de la Colombia Británica (BCCLA) y la Asociación Canadiense de Abogados para la Defensa de los Derechos de los Refugiados (CARL) han puesto en marcha un recurso legal de inconstitucionalidad a la nueva Ley de Ciudadanía canadiense, una ley federal que relega a más de un millón de canadienses a un estatus de segunda clase.
La demanda interpuesta ante la Corte Federal sostiene que la nueva Ley de Ciudadanía, la cual entró en vigor desde la aprobación del proyecto de ley conocido como Bill C-24, crea un régimen de ciudadanía de dos niveles que discrimina a las personas con doble nacionalidad, nacidos en el extranjero o en Canadá, y los ciudadanos naturalizados, señala el comunicado.
Estos canadienses tendrán ahora los derechos de ciudadanía más limitados en comparación con otros canadienses, simplemente porque ellos o sus padres o antepasados nacieron en otro país.
Bajo la nueva ley, estos canadienses podrían perder su ciudadanía si son declarados culpables de ciertos delitos graves en Canadá o en el extranjero (incluyendo en un país que no tiene el debido proceso o Estado de Derecho).
Asimismo, los nuevos canadienses que se convirtieron en ciudadanos después de la entrada en vigor de la Ley C-24 en junio de 2015, también podrían perder su ciudadanía si se trasladan al extranjero por motivos de trabajo, estudio o familia. Otros canadienses no serían vulnerables a perder su ciudadanía.
«Todos los ciudadanos canadienses solían tener los mismos derechos de ciudadanía, sin importar su origen. Estábamos todos iguales ante la ley «, dijo Josh Paterson, director ejecutivo de la BCCLA. «Ahora bien, esta nueva ley nos ha dividido en clases de ciudadanos: los que pueden perder su ciudadanía, y los que no. El Bill C-24 es antiinmigrante, anticanadiense, y antidemocrático. Socava – literalmente – lo que significa ser canadiense”.
En su momento más de 110.000 canadienses firmaron una petición liderada por la organización Change.org para detener la nueva ley. Sin embargo y a pesar de la protesta pública, el acto legislativo se convirtió en Ley de Ciudadanía, y de acuerdo con lo manifestado por BCCLA y CARL el Gobierno Federal ya ha comenzado los procedimientos para revocar la ciudadanía de algunas personas.
«Esta Ley de Ciudadanía es injusta, jurídicamente errónea, y viola los valores fundamentales de igualdad consagrados en la Carta de Derechos y Libertades”, manifestó Lorne Waldman, miembro ejecutivo de CARL. “Con esta ley, el Gobierno Federal muestra un flagrante desprecio por estos valores, y por los derechos básicos de todos los canadienses. Estamos pidiendo a la Corte que eche por tierra esa ley».
Estas dos organizaciones alegan en su demanda que el régimen de dos estatus de ciudadanía es inconstitucional porque permite que esta pueda ser revocada por funcionarios del gobierno, y no por un tribunal de justicia.