Ottawa (CBNnoticias) – El sistema de inmigración de Canadá entra en una nueva etapa de control y eficiencia. Este 26 de marzo de 2026, el Proyecto de Ley C-12 (Ley para Fortalecer el Sistema de Inmigración y Fronteras de Canadá) recibió la sanción real, convirtiéndose oficialmente en ley. La reforma busca reducir la saturación del sistema de asilo, cerrar vacíos legales y modernizar el intercambio de información entre agencias gubernamentales.
Nuevos límites para solicitantes de asilo
El cambio más significativo impacta directamente en quién puede solicitar protección. A partir del 3 de junio de 2025, entrarán en vigor dos restricciones críticas de elegibilidad:
- Límite de un año: No se remitirán a la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB) las solicitudes de personas que lleven más de un año en el país desde su primera entrada (posteriores al 24 de junio de 2020).
- Plazo de 14 días en frontera: Quienes crucen la frontera terrestre por puntos no oficiales entre Canadá y EE. UU. tendrán solo 14 días para presentar su solicitud; de lo contrario, perderán el acceso al IRB.
Con estas medidas, el Gobierno federal pretende desincentivar el uso del asilo como un «atajo» para obtener la residencia y asegurar que el sistema se reserve para quienes enfrentan riesgos genuinos de persecución.
Modernización y expulsiones rápidas
La Ley C-12 también introduce una digitalización profunda del proceso. El IRB solo decidirá sobre casos de solicitantes que estén físicamente en Canadá. Además, si un reclamante abandona su solicitud o regresa voluntariamente a su país de origen antes de una decisión, las órdenes de expulsión se activarán de forma inmediata, agilizando las salidas del país.
Para proteger a los más vulnerables, la ley garantiza que los menores no acompañados y personas con dificultades de comprensión cuenten con representantes designados durante el proceso.
Control estricto de documentos y datos
La nueva legislación otorga al Gobierno poderes extraordinarios para responder a emergencias. Por razones de «interés público» —como fraude masivo o amenazas a la seguridad nacional— el Gabinete podrá suspender o cancelar lotes enteros de visas y permisos de trabajo o estudio.
Asimismo, se formaliza el intercambio de datos personales entre departamentos federales y provinciales. Según el IRCC, este intercambio contará con salvaguardas de privacidad y auditorías de impacto para evitar que la información sea compartida con terceros países sin autorización expresa.
El Gobierno de Canadá sostiene que este fortalecimiento legal no afecta el estatus de los residentes permanentes actuales, sino que asegura un sistema migratorio «sostenible y bien gestionado» para el futuro.