Vancouver (CBNnoticias) – La reactivación del polémico proyecto minero Soto Norte en el departamento de Santander ha desatado una profunda alarma entre las organizaciones ambientales de Colombia.
Mayerly López, miembro del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, en entrevista con CBNnoticias, calificó como un «escenario catastrófico» el reciente anuncio de la multinacional canadiense Aris Mining con sede en Vancouver que declaró tener listo su estudio de impacto ambiental y social para iniciar la etapa de socialización comunitaria.
Según la líder ambientalista, este avance no representa desarrollo, sino una amenaza directa que dejará «pasivos ambientales a perpetuidad» y pondrá en riesgo el suministro de agua potable para más de dos millones de personas en Bucaramanga y su área metropolitana.
López denunció con severidad que el cronograma de la minera se ha facilitado debido a las recientes decisiones del Gobierno Nacional, al que acusó de «tumbar» restricciones ambientales clave que protegían este ecosistema de alta montaña.
La activista alertó sobre un presunto conflicto de interés desde la Presidencia de la República, señalando de forma directa los vínculos comerciales entre el mandatario Abelardo de la Espriella y Serafino Iacono, accionista y exdirectivo de Aris Mining.
Asimismo, criticó la falta de imparcialidad en la cartera de Ambiente, afirmando que el ministro ad hoc designado terminó tomando medidas normativas que terminaron beneficiando y abriéndole el camino legal al proyecto extractivo de cara al año 2027.
Frente a este panorama, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán ya ha puesto en marcha una contraofensiva legal y social. López confirmó que presentaron solicitudes de medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander —respaldadas por más de 50 mil firmas ciudadanas— para frenar cualquier intento de licenciamiento ambiental por parte de la ANLA.
Además, convocó a la ciudadanía a unirse a una gran movilización pacífica el próximo 3 de noviembre frente al Ministerio de Ambiente en Bogotá, con el objetivo de exigir que se restituyan las resoluciones de protección y se priorice el derecho al agua por encima de los intereses económicos de las corporaciones extranjeras.
